Por: Hector Tristán
Contador público nacional
Héctor Tristán,contador público
A los pocos días de asumir la actual gestión gubernamental, el Presidente Mauricio Macri anunció la rebaja de cinco puntos de las retenciones en el caso de la exportación de soja -de 35 a 30 por ciento- y una eliminación total para las cargas que pesaban sobre las ventas al exterior de trigo, maíz, carne y producción de las economías regionales durante un acto celebrado en la Ciudad de Pergamino. Asimismo completó con la promesa que las retenciones a la soja bajarían 5 puntos adicionales los años subsiguientes para llegar al 0 por ciento de arancel en el año 2022.
En el discurso, enfatizó que el país necesitaba para salir adelante “al campo”, y que era necesario que los actores del sector tuvieran dos objetivos: transformar los granos, de modo de dejar de ser el granero del mundo para convertirnos en el “supermercado del mundo”.
Por otro lado, remarcó, pagar los impuestos y reducir la evasión, para que de esta manera se compensara la reducción que se anunciaba, comprometiéndose en simultáneo a una administración más eficiente y transparente de la carga pública.
Si bien han existido diversas proyecciones, transcurrido casi dos semestres desde aquel momento, es interesante realizar una aproximación del impacto de dicha medida en las arcas públicas, a fin de dimensionar la transferencia de recursos que la política en cuestión implicó desde el conjunto de la población hacia una minoría de actores concentrados.
Impacto de la medida
En términos agregados, según un informe elaborado por el Centro de Economía Pública Argentina (CEPA), en el primer semestre de 2016 el gobierno tendría que haber recaudado en concepto de retenciones por el grupo de posiciones correspondientes a Minería, Industria y Agricultura la suma de US$ 4.733 millones, mientras que –producto de las quitas- sólo recaudó US$ 2.380 millones, es decir: la mitad de lo que tendría que haber percibido.
Este importe semestral resulta sumamente relevante, ya que mediante la implementación de tres decretos el Estado Nacional dejó de recaudar la mitad de uno de los tributos con mayor impacto progresivo, el cual anualizado representaría una merma recaudadora cercana a los US$ 5 mil millones, lo que al actual tipo de cambio significaría más de $70 mil millones. Vale decir que este ejercicio de proyección indicaría más bien un piso, dado que cualquier incremento de las exportaciones o una depreciación del peso, ampliaría el importe dejado de percibir.
Finalmente, en términos sectoriales lo que se observa es una clara preeminencia del sector agropecuario en la apropiación del beneficio de la medida, captando el 72% del monto liberado por el Estado, lo que es equivalente a casi US$ 1.700 millones. Le siguen en importancia, la industria (15% del beneficio) y la minería (13%).
El Gobierno tiempo atrás, decidió no reducir el año que viene los 5 puntos adicionales comprometidos a las retenciones a la soja, manteniéndolas en el 30% por el próximo año 2017 y confirmando que en 2018 y 2019 se implementará una baja paulatina de 0,5 punto porcentual por mes, completando una quita total de 17 puntos hasta finalizar su mandato, de modo de reducirlas desde el 35 por ciento de diciembre de 2015 al 18 por ciento en 2019.
Dos factores incidieron en el anuncio. Por un lado, el deterioro fiscal producido por la recesión económica, y la demora en la recuperación anunciada para el segundo semestre del año. La recaudación fiscal viene creciendo en guarismos cercanos al 30 por ciento, por debajo de la inflación del período, lo que supone una reducción en términos reales de los recursos presupuestarios.
¿Cuál es el costo para el sector agropecuario de este diferimiento?
Según estimaciones de la Bolsa de Rosario, el 5 por ciento de retenciones del 30 al 25 por ciento representan aproximadamente 1000 millones de dólares. La quita y rebaja de retenciones otorgada al sector estaría en el orden de los 50 mil millones de pesos. Otros factores como la situación económica de Brasil, la fuerte caída de la actividad industrial, la baja del salario real, suspensiones en sectores manufactureros y despidos, habría convertido a la nueva rebaja de retenciones en un tema político por demás polémico.
El sector agropecuario parece haber reconocido como veraz el diagnóstico del Ejecutivo, remarcando sin embargo que la suspensión de la rebaja de retenciones perjudica a los productores de las regiones más alejadas de la zona núcleo y de los puertos. Estimamos que compartiendo tal critica, el gobierno se anticipó a anunciar que los productores agrarios de las diez provincias contempladas en el Plan Belgrano, en el norte argentino, serán beneficiados a partir de la próxima campaña 2016/17 con un reembolso de 5 puntos sobre las retenciones a la soja.
Hoy el país atraviesa una nueva crisis, en sintonía con el resto del mundo, atravesando un proceso de “sinceramiento de su economía” lo que ha cosechado adeptos como detractores. El costo de la transición económica resulta alto para casi todos los sectores de la sociedad, siendo atinado pensar que no existen soluciones mágicas e indoloras, pero que es absolutamente lógico requerir de las autoridades una fuerte dosis de transparencia, sumado a un esfuerzo en eficientar el accionar del Estado y un equilibrio en reparto de la carga del ajuste.
