Tuve el gusto durante los últimos 9 años de escribir esta columna 106 veces y en 10 de ellas el tema fue el exceso de agua, mientras que en 37 ocasiones se tocó el tema de la escasez. O sea que en casi la mitad de las columnas que escribí la gestión de los recursos hídricos estuvo mencionada o fue el tema central de la columna. En estos 9 años se avanzó casi nada con obras que mitiguen el impacto del exceso o carencia agua, instrumentos que compensen económicamente las pérdidas generadas o incentiven a la inversión privada.
Como si fuera un chiste de mal gusto, los 500 millones de pesos que conforman el presupuesto anual para Emergencia Agropecuaria no se actualizan desde su creación en 2009. Las estadísticas sobre su ejecución son pésimas dado que la información no se centraliza, pero por lo poco que se sabe nunca se supera el 25%, o sea que actualmente la emergencia agropecuaria ejecutada no superaría los 85 mil dólares, algo similar a lo que cuesta un dos ambientes en un barrio de clase media porteño. Mientras tanto solo en retenciones, desde hace 23 años, los productores agropecuarios y todo su ecosistema de negocios tributan entre 1,5% y 2,5% del PBI todos los años.
Esta semana el Presidente de CARBAP explicó ante cuanto micrófono le pusieron delante el abandono del plan maestro para la cuenca del río Salado, que atraviesa la provincia de Buenos Aires. Obras iniciadas en 2002 que 23 años después no están terminadas, donde es clave que en el año 2007 la entonces Presidente Cristina Kirchner modificó las restricciones al uso de los fondos permitiendo que puedan disponerse los fondos para obras hídrico en el Salado en, por ejemplo alcantarillas y cloacas en el conurbano bonaerense. Es paradójico: dirijamos nuestra atención a la Bahía de Samborombón, allí donde desemboca el Salado. Las zonas inundables de estas cuencas prácticamente no tienen ciudades rurales, y las pocas que tienen son las menos pobladas de la provincia, de menor a mayor: Tordillo, General Guido, General Lavalle, Lezama, Castelli y Maipú. En total no superan los 60 mil habitantes en 15 mil kilómetros cuadrados; en los 327 kilómetros cuadrados de La Matanza viven casi 2 millones de personas. Allí donde no se controló el agua, la provincia es un desierto de personas y actividad económica, mientras que La Matanza es el bolsón de pobreza más desolador de la Argentina: analfabetismo del 2%, solo el 10% de los alumnos termina el secundario en tiempo y forma y 46% no logra recibirse. El 35% de la población no está conectada a la red cloacal y el 8% no tiene agua potable. El 10% de su población vive en alrededor de 164 villas miseria. Si los fondos que faltan en el Salado están en La Matanza no parece notarse.
Por otro lado, el mercado de seguros argentino no ofrece coberturas contra sequía o inundación a una prima razonable, lo que los hace en los hechos inaccesibles, a la vez que tiene costos de primas relativamente elevados para los seguros contra los riesgos climáticos puntuales (granizo, helada, fuego y viento) debido a que los costos de generación de información de calidad y auditoría son elevados. El Estado provincial puede reducir dichas primas haciendo disponible la mayor cantidad de información climática y productiva posible al sistema de seguros, lo que permitirá evaluar riesgos de una manera más precisa y menos costosa. En consonancia, la producción y disponibilidad de información por parte del gobierno provincial es crítica a la hora de desarrollar aplicaciones digitales (conocidas como AgTechs) para elevar la productividad del sector y el apoyo más firme y menos costoso que se pueden brindar a estos start-ups.
Por otro lado, el BAPRO puede recurrir a la introducción de seguros índice para cobertura contra sequía o inundación, ya que estos son menos costosos que los tradicionales. Esto se debe a que en vez de auditar una variable privada del asegurado (por ejemplo, su rendimiento), buscan replicar el comportamiento de dicha variable privada con el comportamiento de una variable pública fácilmente auditable, como el índice verde de un zona (que se produce con imágenes satelitales) donde se encuentra el lote privado asegurado.
La escala de la provincia de Buenos Aires, unida al hecho de que cuenta con dos subsistemas climáticos, permite que el BAPRO pueda generar un programa piloto de seguros índices con la suficiente adhesión para alcanzar un volumen que lo haga viable económicamente y atractivo para el productor agropecuario. Dichos productos no requieren a priori de una prima subsidiada, sino de continuidad en sus reglas para el uso, la transparencia y sencillez de las mismas, una cultura del calendario similar a las del seguro norteamericano y cumplimiento. Adicionalmente, un sistema bancario que premia un comportamiento conservador a la hora de tomar riesgos reduciendo la tasa de financiamiento promueve comportamientos que a largo plazo elevan la capitalización del sistema.
Es deprimente la incapacidad de la sociedad argentina de no resolver ningún problema e insistir en el error. El proyecto de 23 años de retenciones es un fracaso total, cambiemos.
