Nunca es ocioso recordar que los derechos a la exportación de alimentos son el peor impuesto posible. No son retenciones, porque no se devuelven ni se pagan “a cuenta de”; son lisa y llanamente un impuesto, que paga el exportador y que por dinámicas de mercado traslada automáticamente al productor agrícola quien absorbe el grueso del impuesto, el que también tributan en forma indirecta todos los pertenecientes al sistema que fijan el valor del servicio que proveen según el precio del “grano retencionado”.
Iván Ordoñez
Afortunadamente en el actual contexto ya no se las discute con el falso argumento de “instrumento de política económica” para controlar el precio de los alimentos en el mercado interno o como forma de desarrollar la industria. La historia argentina y particularmente los últimos 13 años han demostrado que fracasado en esos objetivos, en Campo: el sueño de una Argentina verde y competitiva se explica en detalle este punto. “El rey está desnudo” son claramente un instrumento de recaudación fiscal y de 2002 a 2015 contribuyeron en más de 80 mil millones de dólares a las arcas del Estado; más del 70% fueron soja y derivados.
La lista de desventajas como impuesto es larga, pero vale recordarla:
- Las retenciones son obscenamente discriminatorias, porque ninguna otra actividad de la economía las tributa.
- Son regresivas, dado que al tener como base imponible el ingreso y no la utilidad, cobran lo mismo a quienes les va bien y a quienes que por cualquier razón les va mal.
- Por la misma razón son procíclicas, hagan la matemática: a mismos costos si la campaña es buena cobran en porcentaje mucho menos que si la campaña es mala. O sea, cuando le va peor al agricultor más porcentaje de su resultado captan.
- Unido al punto anterior las retenciones representan una barrera clara a la expansión del área agrícola (y por lo tanto a la actividad económica), dado que amplifican la volatilidad económica generada por el clima y exacerban los costos, particularmente los de transporte. Dado que la soja demostró una excelente “adaptabilidad económica” en distintos entornos agroecológicos, las retenciones frenan la expansión de la agricultura que el cultivo.
- Al reducir el precio interno del bien generar una traslación de ingresos entre distintos participantes del sistema de agronegocios.
- Al ser un impuesto al comercio exterior el grueso de los ingresos va al Estado Federal y el tercio que se distribuye lo hace siguiendo las reglas de la coparticipación, lo que hace que a las provincias productoras de soja les lleguen fondos reducidos en proporción. Si bien ganancias no resolvería este último punto, elevaría el porcentaje que va a las provincias.
Tienen una ventaja para el Estado: son muy fáciles de cobrar y es relativamente complejo evadir su pago; aunque dada la lista de problemas que ocasionan, es clave utilizar toda la tecnología disponible para privilegiar el cobro de impuestos a través del impuesto a las ganancias, que no presenta ninguno de esos inconvenientes.
Sin embargo, el Estado se hizo adicto a ellas para funcionar; hoy son alrededor del 7% de los ingresos fiscales. Un Estado inmenso cuyo peso en la economía era alrededor del 20% en el 2002 y al 10 de diciembre de 2015 supera el 40%. Que fija las reglas de una economía donde 1 de cada 3 argentinos es pobre, y desde que egresé de la primaria no baja de 1 de cada 5. Donde exactamente la mitad del gasto son jubilaciones, un 14% son subsidios a los servicios en el Gran Buenos Aires, 12% es educación, salud y AUH, 12% Defensa y Seguridad, 8% servicios de deuda… y por ahora mostró varias rigideces a ser tocado.
Se eliminaron en todos los cultivos y la apuesta hacia adelante para reducirlas en la soja demanda en el corto plazo menos ingresos, algo que no es tan sencillo aunque por la expansión que genere su rebaja en el mediano y largo plazo implique un crecimiento que generará más riqueza y más recaudación; el sendero que sería abrupto se hizo más pausado.
Jack Lew, Secretario del Tesoro norteamericano (alguien al que dudosamente se lo pueda señalar de socialista), remarcó en su reciente visita a la Argentina que los procesos de reestructuración de la economía deben ser también sustentables en lo político. Las reformas graduales son eso, y entenderlo no es defender los derechos de exportación ni el gasto público injustificado. Es comprender que la ruta al desarrollo no tiene atajos y requiere de consensos.
