El gobierno logró cerrar las negociaciones por el canje forzoso de deuda privada bajo legislación extranjera y según su objetivo declarado, trasladó las condiciones del acuerdo a la deuda bajo legislación: un abrumador capital de 125 mil millones de dólares. Falta un paso no menor: efectivamente ejecutar el canje de títulos alcanzando los umbrales de las cláusulas que obligan al 100% de los tenedores de deuda aceptar las condiciones. Las complejidades técnicas pueden sintetizarse que las clausulas demanda un 66% de aceptación por los tenedores de bonos emitidos bajo la era Macri y de 85% bajo la era Kirchner. Es difícil, no imposible; todos manifestaron satisfacción. Se sabrá en septiembre. De los 72 mil millones de dólares que se le deben a organismos multilaterales, 44 mil millones corresponden al FMI; como el país no puede volver al mercado voluntario de deuda, deberá negociar con el FMI un programa: ¿cuánto durará la negociación? ¿qué implicará?
Como el propio Presidente se encargó de explicar, la negociación no implicó un recorte del capital adeudado, sino que se concentró en reducir el interés pagado y el aplazamiento en los pagos de interés y capital. El objetivo del gobierno era entonces el de cualquier gobierno del mundo, la diferencia fueron los medios utilizados y el costo que esto implicó: mientras muchos gobiernos mejoran su perfil de deuda atacando las causas de la misma (esencialmente el déficit fiscal) y lanzando nueva deuda al mercado, el gobierno de Argentina decidió incurrir en su noveno default (el último fue en 2014) para obligar a los acreedores a aceptar sus condiciones. Se consumió un año para alcanzar el acuerdo: desde el resultado de las PASO hasta agosto de este año. Usando la métrica del VPN, logró reducir las pretensiones de los acreedores un 8%, mientras que desde abril (primera oferta pública) hasta el cierre debió elevar su oferta un 34%.
El costo inmediato fue enorme, pero el que se vuelve preocupante es el de largo plazo: ¿cuánto tiempo demorará el Estado argentino en poder emitir nueva deuda? Es imposible saberlo; sin embargo, el gobierno confirmó los prejuicios negativos de los inversores: siempre que el partido Justicialista gane las elecciones, lo más probable es que se renegocie la deuda de manera compulsiva. Por lo tanto, el Estado argentino tiene grados de libertad significativamente inferiores al del resto, inclusive el de sus países vecinos; no es bueno, el déficit fiscal (controlado) es esencial para el crecimiento de la economía.
La cuarentena de consumo y servicios sigue y por lo tanto la economía está frenada. Un país cuyo PBI es 68% servicios y comercio y se destina un 70% al consumo necesita de la circulación para que la actividad económica se produzca. Infantes tienen que ir al colegio, adultos a la peluquería y al restaurant, tomarse un café en un bar. Para que la ciudadanía sostenga sus necesidades básicas y no haya una masiva rotura de contratos el Estado imprime dinero a toda máquina para que existan ingresos. La máquina de hacer billetes imprime tal volumen que se llegó al absurdo de gastar las escazas reservas en dólares con las que el país cuenta para importar pesos.
Para contener la situación el Banco Central absorbe la liquidez excedente con una emisión de deuda de corto plazo (Leliqs) que alcanzó un volumen astronómico a una tasa cercana al 38% anual. En sí es un problema, pero éste se agranda porque no parece ser suficiente para hacer atractivo al peso: en junio 3,3 millones de argentinos compraron en promedio 191 dólares, cada uno acercándose a su cupo máximo. Las reservas netas del Banco Central descontadas el oro no llegan a los 3 mil millones de dólares. ¿Subirá la tasa de interés? ¿Se devaluará aún más el peso oficial? ¿Se restringirá aún más el acceso a divisa?
La primera opción impactará negativamente en la actividad económica, la segunda lo hará negativamente en la inflación y la tercera genera un combo de impopularidad y posible retroalimentación de las expectativas negativas sobre el peso.
La sociedad no logra recobrar su confianza sobre la marcha de la economía y es muy difícil intuir cuando eso se revertirá. En el medio del torbellino el planeta #Campo maximiza su consumo de crédito en pesos para stockearse de insumos, lo que permite ser optimista sobre la intención de siembra de la gruesa; ¿se mantendrá ese ímpetu? Faltan pocos meses para confirmarlo.
La campaña invernal fue impactada de forma impredecible por la sequía: desde la ruta 5 para el norte “se evaporó el agua” y se sembraron 300 mil hectáreas menos, mientras que al sur de la ruta 5 la falta de lluvia permitió entrar a los campos y sembrar 200 mil hectáreas más de las originalmente planeadas. Este “cambio de área” de por sí reduce el tamaño de la cosecha por las diferencias históricas de rinde entre zonas. Si continúa la sequía se verá una caída superior de la producción y a fin de año el ingreso de divisas será menor aún; pero el peor impacto posible será que la sequía invernal afecte las intenciones de siembra de la gruesa. Si la sequía continúa en el verano es un escenario que es mejor no imaginar.
¿Cuáles serán las palancas del crecimiento? Hoy no están a la vista.
