economia

La crisis del campo del año 2008 dejó al descubierto, y la sociedad pudo percibirlo aun cuando no fue su objetivo, el grado de presión tributaria que este padece. La crisis del año 2001 y el aumento de los precios de los commodities a nivel internacional, trajo aparejado el incremento en varias etapas de las denominaciones retenciones a las exportaciones, las cuales terminológicamente se usan en forma errónea, ya que una retención es un pago a cuenta de un futuro impuesto, y en este caso son un tributo directamente.

Aparte de todas las criticas que merece este tipo de tributo, otro elemento distorsivo lo constituye que de su recaudación muy poco es distribuido a  las provincias, quedando en consecuencia, en poder del gobierno central la gran masa de fondos que se originan en las retenciones. Sumado además que de esta manera se  reduce el monto correspondiente a los impuestos coparticipables, como el impuesto a las ganancias, por el menor precio recibido por el contribuyente, lo cual genera menor rentabilidad a gravar por este impuesto.

Por supuesto que esta redirección de ingresos a los fiscos, dañó aun más el sistema federal de impuesto, perjudicando a las provincias en su totalidad, sobre todo a aquellas ubicadas en la zona agrícola-ganadera, porque son las que más aportan a nivel de producción y las que más deben destinar fondos a obras públicas, para poder justamente extraer y transportar a puertos y otros destinos la producción.

De donde partimos: de una situación económica-social sumamente agravada, dado que además de la situación descripta respecto a los ingresos, las provincias han aumentado en un porcentaje muy alto la cantidad de empleados públicos. Córdoba y Buenos Aires muestran hoy el mayor déficit. Para completar el panorama serio, se suma la gran caída en los precios internacionales de los productos del complejo agrícola, lo cual representará un circulo negativo, porque a menor precio menor recaudación ante un gasto público inelástico.

Restablecer el federalismo, como condición previa.-

  El régimen impositivo juega un rol clave en esta cuestión. La Constitución de 1994, en sus disposiciones transitorias, impuso al Congreso Nacional la responsabilidad de sancionar un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos antes de finalizar 1996. No se hizo ni en ese plazo ni hasta ahora, y parece imposible que se lo haga si el debate se centra en que cada parte – la Nación y las 24 provincias – pugnen por una porción mayor de la torta. En el contexto de recursos fiscales siempre escasos, esa ecuación no tiene solución. Si alguien gana otro pierde, y nadie quiere perder. Por eso es que hay que cambiar

fundamentalmente el enfoque buscando esencialmente alinear los intereses de los gobernantes con los del país. Que el sistema haga funcionar correctamente los premios y castigos.

Una propuesta

 Antiguamente el gobierno nacional había fijado un porcentaje que guardaba para sí (distribución primaria) y el resto se distribuía a las provincias  según coeficientes que tenían en cuenta: la población, la extensión territorial y el menor desarrollo relativo (distribución secundaria). Con el tiempo el sistema llevó gradualmente a una mayor sujeción fiscal de las provincias, a la Nación y a la desaparición de una regla esencial de la buena administración: el que gasta debe ser el que recauda.

El desequilibrio fiscal ha sido una constante a lo largo de la historia argentina. Eso ha traído graves consecuencias para la economía del país, ya que diversas formas de cubrir el déficit fiscal del Estado mediante emisión monetaria e inflación, sobre-endeudamiento, confiscaciones de depósitos, licuaciones de pasivos, devaluaciones y defaults, lo que ha culminado con tremendas crisis económicas, las cuales luego requirieron años para poderse recuperar.

El nivel de imposición es alto para los que pagan impuestos, la presión fiscal hoy es record y es la mayor de América Latina, al tiempo que existe un alto grado de evasión. Además las distintas administraciones han echado mano a impuestos excepcionales y distorsivos, como las retenciones a las exportaciones, la renta presunta o el impuesto al cheque, que con el tiempo se transformaron en casi permanentes. Pasada la emergencia que los justificó, sirvieron luego para mantener un gasto público ineficiente y excesivo.

Un sistema impositivo debe cubrir varios objetivos, algunos de ellos contrapuestos entre sí:

Debe permitir una recaudación suficiente para cubrir el gasto del Estado, teniendo en cuenta lo que pudiera financiarse con endeudamiento o bien lo que se necesitara adicionalmente para reducir el endeudamiento, situación que lamentablemente sigue teniendo relevancia, sin alterar el uso eficiente de los recursos.-

El sistema impositivo debe propender a una distribución más equitativa de la riqueza; a la vez de facilitar la recaudación y dificultar la evasión.

Las principales reformas comprenderían:

 

La reducción gradual, en un plazo acordado y sin que afecte el

 

  • Reducción gradual y eliminación en un plazo determinado, de los derechos de exportación (retenciones), teniendo en consideración la importancia del equilibrio de las cuentas públicas al momento de diseñar el cronograma de reducción.

 

  • Reducción gradual de la alícuota del impuesto a las Transacciones Financieras (impuesto al cheque).Con una alícuota pequeña se contemplará su mantenimiento como pago a cuenta de otros impuestos, como un instrumento de reducción de la evasión.

 

  • Reducción de los impuestos al trabajo. La tributación del trabajo en relación de dependencia se debiera limitar a los aportes personales para jubilaciones y seguro de salud y el aporte patronal para asignaciones familiares. El resto de los programas se debería financiar por Rentas Generales.

 

  • Reemplazo del actual sistema de seguro de desempleo por otro de ahorro previo y capitalización basado en un aporte de 2,5% del salario a cargo del empleador. No se reducen mediante estos cambios los beneficios del trabajador o del desempleado, solo varía la forma de financiarlos.

 

  • Rápida eliminación del Impuesto a los Sellos en las jurisdicciones donde aún

 

  • Sustitución del Impuesto a los Ingresos Brutos según dos alternativas posibles: a) por un impuesto a las ventas de bienes y servicios de consumo final; o bien b) por un IVA provincial con la simultánea reducción del IVA nacional.

 

  • Entregar a las provincias la potestad tributaria en su territorio sobre el Impuesto a la Transferencia de Combustibles, los Impuestos Internos, el Impuesto a las Ganancias de Personas Físicas y el Impuesto a los Bienes En estos dos últimos casos de las personas domiciliadas en la correspondiente provincia.

 

  • Mantenimiento del criterio de progresividad, pero con reducción de la alícuota en el impuesto a los bienes personales

 

Como última reflexión, diría que resulta imprescindible preguntar a nuestros candidatos políticos de qué manera administrarán los aspectos tributarios, y básicamente, cómo recrearán una ágil, moderna y eficiente estructura federal de impuestos.-

 

 

SUSCRIBITE!

Únase a nuestra lista de correo para recibir las últimas noticias y actualizaciones de HORIZONTE A.

Su suscripción fue exitosa!