El gobierno justifica la intervención a punta de decreto de Vicentin para posterior expropiación en que: a) la empresa está quebrada y b) su principal acreedor es el Estado, c) hay que evitar que la desguacen d) el mercado precisa de una “empresa testigo” controlada por el Estado, e) se necesitan empresas de capital nacional en el sector y mi favorita personal, f) la soberanía alimentaria.
Todos los argumentos pelean con la realidad: la empresa está en concurso de acreedores, no en situación de quiebra. El gobierno viola dos pilares institucionales claves para el desarrollo en una sociedad moderna occidental: la propiedad privada y la independencia de poderes.
El juez se encuentra protegiendo los derechos de sus múltiples acreedores, todo el Estado -incluyendo todos sus niveles y el Banco Nación- acumulan el 20% de la deuda, el 80% son privados: 35% bancos extranjeros (el IFC 17%, casi igual al Nación), 7% nacionales, 8% cooperativas y 22% corresponde a 2.431 empresas y familias. Por qué la expropiación beneficiaría a todos los acreedores?
Por otro lado, las empresas no “se desguazan”, se valúan por el valor del flujo futuro que generan menos sus deudas; gracias a la expropiación la empresa seguramente valdrá menos, como valdrá menos la capacidad de captar fondos para recomponer su capital de trabajo será más difícil. El mercado no precisa una “empresa testigo estatal” para ser transparente y hay formas más económicas de mejorar la formación de precios de todos los granos que no involucran el bolsillo del contribuyente. Luego está el argumento de la “soberanía alimentaria”, que es un poco tragicómico para una economía que es uno de los grandes exportadores globales de alimentos y para una empresa que fundamentalmente produce alimentos para animales y biocombustibles.
La pertinencia de que la empresa sea nacional es muy discutible. Vicentin estaba en un brete porque su estrategia de generación de valor estaba golpeada: debido a su táctica de originación pagaba más por los granos que sus competidores, debido a su táctica de venta de granos relegaba valor del puerto de destino; entre otras cosas por no ser un player global. A su vez, al no ser global tiene costos de financiamiento más alto que sus competidores. Como declaró uno de sus directivos, la compañía dependía excesivamente del diferencial de retenciones entre granos y derivados, al desaparecer este desapareció una parte importante de su generación de valor.
Ser trader global es difícil, ser trader local es dificilísimo, ser trader local estatal sin monopolio es imposible.
En la semana posterior al anuncio de la expropiación de Vicentin, LATAM comunica que cierra su operación argentina. Es interesante el rol de la empresa testigo estatal aerocomercial que durante 15 años compitió con LATAM: demandó en total 4.970 millones de dólares al contribuyente argentino; el valor de dos YPF, la otra gran empresa testigo. Un desperdicio estéril de recursos. Sin LATAM los argentinos perderán el 18% de la oferta de los vuelos de cabotaje. Cumpliendo con las peores fantasías de la empresa, el líder sindical demanda expropiarle los aviones. Curiosa forma de invitar a la inversión privada.
Mientras tanto, el Estado argentino sigue jugando a la mancha con sus acreedores sin prestar atención al altísimo costo de perderse en el laberinto. La estrategia de negociación agresiva mediante un canje forzoso de deuda que por definición tiene costos a futuros debido a la pérdida de reputación ya muestra sus costos inmediatos: mientras todos los países vecinos financian la crisis de la pandemia emitiendo deuda larga a un costo irrisoriamente bajo, el Estado argentino se ve obligado a financiar la caída de la recaudación y el aumento del gasto con un solo instrumento, un masivo aumento de la emisión. Imposible determinar el exacto momento en el que se desencadenará un proceso de difícil control, el tapón es el cepo y la presión se mide en brecha cambiara: todo recesión porque nadie quiere inyectar liquidez al sistema, “todos se aferran a su canuto dolarizado”. Se depredan stock, ya no hay flujos.
La negociación de la deuda del Estado nacional es clave, porque marca el piso de tasa de interés al que se financiará toda la economía argentina la próxima década y porque habilita la liquidez presente; ya están en default dos estados provinciales además del nacional: Buenos Aires y Mendoza. Se acercan los vencimientos de bonos de la deuda emitida por grandes empresas. Mientras más se extienda el proceso, peor será.
Mientras esta edición de HorizonteA se distribuye digitalmente a nuestros lectores, el Planeta #Campo convoca a defender la propiedad privada en el Día de la Bandera concentrándose en las plazas y rotondas de la pampa gringa. También se organizan campañas para peticionar a los gobernadores de Córdoba y Santa Fe para que los legisladores no acompañen la expropiación en el Congreso de la Nación.
En el medio de la peor crisis económica global que haya visto cualquier ser humano vivo, medidas desacertadas solo generan desperdicio de energías. La defensa de la propiedad privada, algo que en todos los países a los que miramos ni siquiera se discute, es un conflicto estéril. El día tiene 24 horas y si la sociedad es obligada a defender la propiedad privada no puede dedicar esas horas a producir riqueza, cómo sí hacen nuestros países competidores. Los contrarios también juegan.
